La iniciativa fue respaldada en la plenaria de la Cámara por 73 votos a favor y 51 en contra.
El polémico artículo 68 incluido en el proyecto de ley anticorrupción, y que fue visto como un mordaza a la prensa, fue aprobado en la noche de este lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Este artículo, incluido en la ponencia por el representante de Cambio Radical, César Lorduy, plantea que la persona que mediante injuria o calumnia pretenda atacar a un funcionario o exfuncionario público, «denunciando hechos falsos sobre él o su familia podrá tener de 60 a 120 meses de prisión«, además de una multa de hasta 13 mil salarios mínimos. Adicionalmente la propuesta elimina cualquier tipo de beneficio penal.
Por el hundimiento del artículo, promovido por el representante Lorduy, votaron 51 congresistas, mientras que 73 estuvieron de acuerdo en que se aprobara la propuesta.
Eso sí, Juanita Goebertus, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, aclaró que fue parcialmente aprobado.
La eliminación de la retractación -concepto del código penal que evita la sanción en contra del acusado, si la ejerce a tiempo- y el agravante con sanción penal cayeron por votación mayoritaria.
Lo que quedó aprobado, en palabras del también representante Gabriel Santos, fue la cancelación de la personería jurídica.
El representante a la Cámara Germán Navas Talero calificó la decisión como un «engendro«.
El artículo hacía parte de los 89 artículos del proyecto de ley 369 de 2021, a través del la cual «se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción«.
El proyecto fue radicado el 29 de octubre de 2020 y sus autores fueron la entonces ministra del Interior, Alicia Arango; el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz; entre otros funcionarios del Gobierno. Y el pasado 1 de diciembre dicha iniciativa fue radicada por el representante de Cambio Radical, César Lorduy, ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para último debate y convertirse en ley de la República.
“El Proyecto de Ley tiene por objeto adoptar disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza ciudadana y el respeto por lo público”, asegura el documento.
Gremio periodístico levantó alertas
El artículo propuesto encendió las alertas de los gremios periodísticos y organizaciones sociales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que dicha medida afectará el derecho a la libre expresión.
Para el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, el proyecto al parecer busca callar a medios y periodistas en el país.
Canahuati y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, expresaron que el proyecto de ley en Colombia es una nueva ley mordaza. «Servirá de escudo a los funcionarios, permitiéndoles acosar y perseguir judicialmente a periodistas y medios cuya labor es investigar, denunciar e incentivar al poder público para que sea transparente», manifestaron.
Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), expresó preocupación: “Este tipo de medidas son altamente inconvenientes para el ordenamiento jurídico, y regresivas para la garantía de la libertad de prensa”.
El representante Lorduy, ponente del proyecto, dice que “lo único que se está diciendo es que se protege la función pública como un sujeto calificado, pero el artículo no dice que los medios de comunicación están exentos de la injuria y la calumnia”.
De igual manera, señala que no hay elementos de prohibicionismo y que se podrán seguir realizando investigaciones, señalamientos, cuestionamientos y críticas a funcionarios públicos. «Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario», indica.