Pese a que la notificación de las multas por los retrasos del proyecto hidroeléctrico de Ituango seguirán llegando a la puerta de EPM, mes a mes, estos no podrían ser efectivos hasta agosto de 2019, fecha en la que se genera el último incumplimiento de hitos constructivos.

La duda será resuelta por un estudio jurídico que se adelantará para determinar la viabilidad del cobro que a la fecha, según el gobernador Luis Pérez, va en $30.100 millones. El estudio lo determinó ayer la última junta directiva del año de la Sociedad Hidroituango, propietaria de la obra.

Las notificaciones de la multa están llegando a EPM desde el pasado 17 de octubre, cuando la Junta radicó la primera reclamación para hacer efectivas las cláusulas penales fijadas en el contrato, por incumplimiento de hitos constructivos en el proyecto, tales como la terminación de la presa, el llenado regular del embalse y el comienzo de la generación. La primera factura fue de $16.000 millones.

Por cada día de retraso de un hito se deben pagar 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($117 millones), según informó el gobernador Pérez en ese entonces.

¿Excusable o no?

Otro de los puntos de debate durante la junta de ayer, que duró cuatro horas, giró en torno a definir si los eventos que generaron la contingencia y el consecuente retraso en la generación de energía, prevista para noviembre de 2018, admiten o no excusa de EPM.

“La situación es si debemos esperar a que se pueda demostrar la excusabilidad o no en la contingencia presentada. Si esta no es excusable, como la junta ya lo determinó, habría que tomar otro tipo de decisiones”, contó Gustavo Jiménez, gerente de la sociedad.

La excusabilidad o no de EPM, según Jiménez, se determinará después de evaluar los diferentes informes técnicos que están en ejecución para definir qué produjo la crisis.

Estos son un informe causa-raíz, contratado por EPM con la firma chilena Skava que se entregaría en enero; un estudio encargado por la Gobernación a la Universidad Nacional, que aún no es público; y un análisis que están desarrollando los reaseguradores.

Por ahora, añadió Jiménez, no procede ningún embargo a EPM, tal como dijo la semana pasada el gobernador Pérez.

La próxima reunión de la junta será en enero.

Lo que ha dicho EPM

El 17 de octubre, tras recibir la notificación del primer cobro, EPM respondió que siempre ha manifestado su voluntad de respetar los compromisos adquiridos en el contrato Boomt (siglas en inglés de financiar, construir, operar y mantener la central).

Seis días después, la empresa afirmó que la cuenta de cobro presentada por la sociedad era improcedente hasta que se determinara si la contingencia cabía dentro de los “eventos excusables” pactados en el contrato Boomt.

$30mil millones es el valor actual que la Gobernación le está cobrando al contratista EPM.

 

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