Este fin de semana, gran parte de los establecimientos comerciales en Caucasia estuvieron cerrados.

En ese municipio del Bajo Cauca antioqueño los habitantes volvieron a tener miedo por cuenta de un supuesto panfleto amenazante que circula desde hace varias semanas en Whatsapp y cuya veracidad ha sido desmentida por las autoridades.

La misiva, firmada con logos del Eln y la estructura criminal “los Caparrapos”, ordenaba a los comerciantes no abrir al público ni sábado, ni domingo.

El coronel Daniel Mazo Cardona, comandante del distrito de Policía de Caucasia, enfatizó en que este documento es falso y que los comerciantes no tienen porqué atemorizarse.

Aún así los locales comerciales cerraron sus puertas y, de acuerdo con la Policía, algunos de los propietarios denunciaron que una mujer pasó por los negocios intimidándolos para no prestar el servicio. “La comunidad no entregó ninguna descripción particular, por lo que no se ha podido corroborar que este suceso fuera verídico”, dijo Mazo.

Para dar un parte de tranquilidad, las autoridades reforzaron el acompañamiento con operativos de control en diferentes sectores del municipio, tanto en tiendas y almacenes como a vehículos y motocicletas. Pese a la amplia difusión que tuvo el supuesto panfleto, el coronel Mazo sostiene que varios locales comerciales sí operaron, especialmente aquellos dedicados al entretenimiento nocturno, como bares y discotecas.

Con todo y el control policial, el municipio vivió una noche violenta. La Policía informó de dos homicidios en el casco urbano, uno en el barrio Pueblo Nuevo y otro en el sector de Villa Arabia.

El coronel Mazo explicó que estos homicidios responderían a la confrontación entre la subestructura Julio César Vargas, del Clan del Golfo y Virgilio Peralta Arenas, de “los Caparrapos”.

La alerta estaba dada

Jhon Jaime Zapata, defensor del Pueblo de Antioquia, aseguró que su oficina ya había informado sobre el riesgo de vulneración a los Derechos Humanos en la zona.

En una alerta temprana emitida el 4 de abril de 2018, la Defensoría llamó a la Administración Municipal y otros entes territoriales a poner especial atención a hechos victimizantes recurrentes, como desplazamiento forzado, extorsiones y amenazas.

De acuerdo con esta entidad, las intimidaciones son la principal causa del desplazamiento forzado: “En la disputa por el control de las rentas ilegales, tanto comerciantes como transportadores son grupos altamente vulnerables a la acción violenta de los grupos armados ilegales”, concluye la Defensoría.

“No sabemos si el cierre de los locales se extienda hasta mañana (lunes). Por ahora es solo estos dos días”, dijo María Eugenia Quintero, integrante de Asomineros y habitante de Caucasia, quien contó que los mineros también están programando un paro a manera de protesta.

Orlando Ávila, personero del municipio, agregó que es normal que los domingos la actividad comercial en Caucasia sea baja. Pese a ello, indicó, aún sigue la zozobra, que en efecto el sábado los locales no abrieron o cerraron temprano, y que ayer los establecimientos que prestaron el servicio al público lo hicieron “con cautela y prevención”.

En eso coincidió una fuente de la Mesa de Víctimas de Caucasia, que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, quien aseguró que la sensación de temor continúa. “Los negocios que abrieron el fin de semana, precisó, lo hicieron por insistencia de la Policía”, denunció.

El coronel Mazo enfatizó en que las autoridades siguen prestas a acompañar a la población e hizo un llamado para que reporten a los cuadrantes de cualquier situación irregular.

La comunidad aún siente desconfianza. “El miedo habita en cada rincón de este municipio”, sentenció el integrante de la Mesa

CONTEXTO DE LA NOTICIA

¿QUÉ SIGUE?EL BAJO CAUCA, EN EL FOCO DE LA CONFRONTACIÓN

Según la Personería de Medellín, la capital es el primer destino de los desplazados del Bajo Cauca. Caucasia no es el único municipio para el que la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas: también se han hecho para las localidades de Cáceres y Tarazá, (en enero y marzo del año pasado, respectivamente), con el propósito de advertir a las autoridades locales de la amenaza que representan los enfrentamientos de grupos armados para la población civil. En estas alertas se relaciona que hay un inminente riesgo ante la disputa interna que mantienen varias facciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con reductos del Eln que buscan ocupar las zonas en las que antes tenían presencia las Farc; y bandas criminales como “los Caparrapos”.

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