Pocos meses después de que Édison García Restrepo asumiera como alcalde de Barbosa, en el Sur del Valle de Aburrá, a la Fiscalía empezaron a llegar informes, llamadas y pistas que sugerían que una red de corrupción se había formado dentro de la administración municipal.

La Unidad de Delitos contra la Administración Pública del ente investigador puso sus ojos en el municipio y pronto notó irregularidades: muchas propiedades a nombre del alcalde y sus familiares, además de una red de empresas fachada que recibía millonarios contratos del municipio.

Raúl González Flechas, director seccional de Fiscalías de Medellín, sintetizó la situación de Barbosa asegurando que los recursos públicos se estaban quedando en los bolsillos de los funcionarios. “Era una alcaldía sin inversiones, con obras mal hechas, con detrimentos patrimoniales y un enriquecimiento evidente por parte de su cabeza (el alcalde)”.

En el pueblo algunos detalles llamaban la atención de la gente. Un comerciante del parque, que pidió omitir su nombre, dijo que escuchó varias veces a los empleados de la alcaldía comentar sobre la lujosa finca a la que se había ido a vivir el alcalde. Como detalle, el predio quedaba en el vecino municipio de Copacabana y en él se estaban adelantando reformas sin las respectivas licencias, según informó luego el ente investigador.

En julio de 2017, García acaparó la atención de la prensa cuando se conoció un video en el que se le veía en aparente estado de alicoramiento, agrediendo a un policía que adelantaba el cierre de establecimientos comerciales.

“Aquí la primera autoridad (alcalde) es la que manda, no van a mandar ustedes ni por el hijuep.. ¡Los cambio a todos!, si no sirven los cambio a todos hijuep…”, fueron algunas de las célebres frases que pronunció el entonces alcalde.

La Procuraduría puso el ojo en el funcionario pero, hasta entonces, nadie imaginaba el alcance de las investigaciones.

Castillo de naipes

La “bomba” estalló en la madrugada del 18 de octubre de 2018. El CTI de la Fiscalía llegó a la casa de García y lo capturó, junto con su esposa, Duberleny Jiménez, quien estaba embarazada. Con ellos también cayeron Juan Carlos Castaño Rico, asesor jurídico y jefe de la oficina de contratación; Belén Rendón Estrada, secretaria de Hacienda; Luis Fernando Suárez, secretario de Bienestar Social; Verónica Olarte, representante legal de la empresa Codeiva; Francisco Luis Madrid Madrid, contratista, y Carlos Julio Ramírez, exsecretario de Planeación. La Fiscalía dijo en su momento que, según la evidencia, todos serían parte de la red que se habría apropiado de recursos públicos.

“Entre las entidades fachada que fueron creadas figuran Manos Creativas, Corpoideas, Corporación Construir Ideas y Codeiva, cuyos representantes legales inflaban los contratos por sumas superiores al 50 % de estos y después de recibir el dinero lo devolvían en efectivo al alcalde y sus colaboradores. Los investigadores establecieron que el detrimento patrimonial al municipio supera ampliamente los $2.000 millones”, precisó el ente en un comunicado.

En una de las audiencias, los fiscales revelaron un audio en el que se escucha a García hablando de la contratación de delincuentes para robar el computador de una mujer cercana a él. Una segunda grabación evidenció que García dio la orden de quitarle la batería al equipo para evitar ser rastreado. “Yo solamente contraté a dos (…) cada uno me cobró $400 porque de pronto los cogían”, dice la interlocutora de García. El funcionario le responde: “Quítele (la batería) pero ya porque sin eso no lo rastrean. Empáquelo bien y se lo entrega a Sebas, que él no sepa que es un computador”.

Tras dos semanas de audiencias, un juez ordenó enviar al alcalde a la cárcel y a su esposa a prisión domicialiaria, por su condición de gestante.

La defensa del mandatario apeló la decisión y solicitó que se le otorgara casa por cárcel o que, por lo menos, se le trasladara a la prisión de Yarumito, pero el juez no accedió.

Pero la cosa no paró ahí. El 19 de diciembre la Fiscalía informó que sometió a embargo y secuestro nueve bienes de García y su familia, avaluados en más de $6.100 millones.

Entre ellos había cinco predios con avalúos superiores a los $1.000 millones, cada uno, incluyendo la finca de Copacabana donde vivía, un lote en Santo Domingo, dos ranchos y una bodega en Caucasia; además de otras fincas más pequeñas en Barbosa, San Roque y el corregimiento de Porce.

Un pueblo frenado

Con buena parte del gabinete tras las rejas, la alcaldía quedó sumida en una especie de “espasmo” que duró hasta principios de este año. Con las cabezas principales tras las rejas, y un partido (La U) que no quiso ternar nuevos candidatos para suceder a García, el gobernador Luis Pérez tuvo que echar mano de gente de confianza.

A mediados de diciembre nombró como alcaldesa encargada a la gerente de Paz, Tatiana Gutiérrez, quien menos de un mes después le dio malas noticias. “Ella hizo un análisis de lo que estaba pasando y encontró un déficit del Municipio, de platas perdidas, de más de $13.000 millones”, informó Pérez días después.

El pasado 10 de febrero la situación se hizo insostenible y el gobernador citó a los concejales a su despacho para buscar soluciones definitivas, pues el plazo para que La U respondiera se había agotado.

Julio César Escobar, concejal del Partido Verde, explicó que Pérez les pidió evaluar hojas de vida. “A nosotros nos pareció que no podíamos salir de allá y volver al pueblo sin una solución , entonces debatimos y esa misma noche llegamos al acuerdo de que Alina Marcela Restrepo era la más calificada para el cargo”, dijo.

El concejal de Cambio Radical, Juan Alejandro Zapata, agregó que la contadora pública ya había sido secretaria de Hacienda del municipio entre 2004 y 2007, período en el cual estuvo varias veces encargada de la alcaldía, ante ausencias del entonces mandatario Nelson Darío Escobar.

Ambos corporados coincidieron en que el principal reto de la nueva alcaldesa es sortear el hueco fiscal y tratar de sacar a flote el plan de desarrollo, cuya ejecución consideraron frenada. El problema es que este es año electoral, por lo que la contratación estará casi congelada al menos seis meses por Ley de Garantías.

“Una de las apuestas de la administración era la vivienda de interés social y los subsidios de mejoramiento, ninguno se ha podido adelantar”, dijo Escobar. Zapata agregó que es urgente mejorar la infraestructura del hospital y la de los escenarios deportivos.

Habla la alcaldesa

En diálogo con EL COLOMBIANO, Alina Marcela Restrepo, alcaldesa de Barbosa, explicó que encontró problemas graves de contratación, obras suspendidas y líos financieros.

“Lo más preocupante es un déficit de $9.454 millones; $11.856 millones de deuda pública y unas cuentas por pagar de $5.435 millones”, explicó e informó que ya se hicieron pagos de $1.735 millones.

A eso se suma la ausencia de un sistema de gestión de calidad. “No se tienen establecidos todos los procesos y procedimientos administrativos”, dijo. Tal como los entes de control alertaron, Restrepo confirmó que hasta su llegada, la mayoría de los contratos se habían hecho de manera directa y con problemas de requisitos de legalidad. La mandataria dijo que su reto es recuperar la credibilidad y confianza de los barboseños.

CONTEXTO DE LA NOTICIA

Cargos imputados:

Interés indebido en la celebración de contratos,

peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de servidor público, cohecho, prevaricato por acción, asociación para delinquir y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Estado procesal:

Recluido en la cárcel de Itagüí a la espera del escrito de acusación por parte de la Fiscalía.

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